La noticia esperada, la que resonaba sobre las cabezas de la Familia Real el día de la proclamación de Felipe de Borbón como nuevo monarca español, ha llegado. Tal y como se esperaba, el juez Castro ha decidido imputar a la infanta Cristina en el llamado caso Nóos junto a su marido, Iñaki Urdangarín.
En el caso de ella, por delito fiscal y blanqueo de capitales y
"facilitando los medios para que lo hiciera su marido" Iñaki Urdangarin
mediante una "colaboración silenciosa", y a él por hasta 8 delitos como
prevaricación, falsedad documental, tráfico de
influencias, falsificación, fraude a la Administración, malversación,
estafa y dos
delitos fiscales por el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto
Nóos, que presidió entre 2003 y 2006.
Cerrada la instrucción de la causa tras 4 años, el juez Castro, titular
del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, ve sobrados indicios de
cooperación de la infanta en las irregularidades de las empresas de su
marido, como Aizoon (compartida al 50% entre ambos), en la contabilidad
de la cual se cargó "una ingente cantidad de facturas por
compras, servicios o gastos exclusivamente privados del matrimonio
Urdangarin-Borbón". "Aizoon no ha repartido entre sus dos únicos socios
dividendo alguno, lo
que se aviene mal con que se cargen a Aizoon gastos tan personales como
viajes al extranjero, regalos, sesiones de liderazgo, rehabilitación,
decoración, suministros de la vivienda [...] salarios del personal
doméstico que fueron contratados directamente por la propia Doña
Cristina a sabiendas de que repercutirían en Aizoon".
Se esperaba para cualquiera de los próximos días el anuncio de la
infanta como imputada en el caso, tanto que no pudo participar en la
proclamación de su hermano la semana pasada debido a que este se ha
distanciado manifiestamente de ella y su cuñado en los últimos tiempos
debido al caso. Aunque prevalezca la presunción de inocencia, Felipe VI
se ha mostrado inflexible con los supuestos delitos cometidos por el
matrimonio Urdangarín-Borbón que ahora parecen encontrar confirmación en
los indicios vistos por Castro de lucro de forma ilícita realizado por
su hermana mayor.
Los fondos ilícitamente ingresados en Aizoon provenían del Instituto
Nóos, que lo recibía de las arcas públicas de Baleares y Valencia. Ante
esta serie de irregularidades y faltas, por las que el juez Castro ha
considerado necesario imputar a la primera Borbón con estudios
universitarios y por la que su propio hermano guarda un pesado silencio,
la infanta ha recalcado varias veces, incluyendo cuando debiera
declarar ante el magistrado, no saber nada, desconocer las operaciones
realizadas por su marido... su ignorancia deliberada contrasta con la
abundancia de pruebas en su contra. Por ejemplo, ella tomó intervención
directa en la contratación de personal doméstico, al que se dijo que,
pasado el tiempo de prueba, recibirían el dinero en negro, para, a su
vez, ser contratados más adelante por la entidad Aizoon. También
recuerda el juez la participación directa de la hermana de Felipe VI en
una supuesta "simulación de compra-venta de acciones" proyectada por
Aizoon con la sociedad Mixta África que nunca se realizó. Lo que se
desprende el auto del juez, por tanto, es que la infanta aprticipó
activamente en las actividades que ha atribuido a su marido, su
conocimiento (al menos parcial) de las irregularidades vistas y una nula
pretension de colaborar con la justicia ("no me acuerdo" el pasado 20
de febrero).
Los delitos acarreados a Cristina de Borbón y Grecia podrían suponer hasta 16 años de prisión.
¿Y ahora qué?
Nadie duda de la presunción de inocencia, ni mucho menos de la necesidad
de la misma. Pero en un Estado de Derecho, donde "todos los ciudadanos
son iguales ante la ley", como recalcara en el mensaje navideño de 2012
el anterior jefe de Estado Juan Carlos I, a cualquier hombre o mujer,
con independencia de su origen o título, ha de juzgársele, ponérsele en
libertad o condenar sin miramientos en aras de un Estado serio, una
democracia consolidada y una imagen de respeto a la justicia que hasta
ahora la clase política y la Casa Real han transmitido con sus palabras.
Como su manifiesta ignorancia la infanta Cristina, hay que añadir. El
fiscal puede acusar de que su imputación obedece a otros motivos,
mayormente su apellido, pero el auto del juez Castro no deja lugar a
dudas: su conocimiento y participación en los diferentes delitos de su
marido, del Instituo Nóos, Aizoon y demás son manifiestos y punibles por
ley. Queda por ver si finalmente España verá a una miembro de la
Familia Real (al menos hasta hace muy poco) en el banquillo de los
acusados o incluso entre rejas. Queda por ver si, en caso de resultar
condenada, verá cárcel finalmente o no, si el Gobierno permitiría algo
así. Queda por ver si es culpable o inocente.
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